Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) pretende multar con 97 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por aceptar desvíos de César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua, al tricolor por 39 millones a través de triangulaciones durante el 2015.

El INE prevé una multa de 97 millones 916 mil 665 pesos por el desvío recursos públicos de Duarte Jáquez para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI), un hecho ante el que el partido actuó con dolo, con la intención de “engañar a la autoridad y de evadir la fiscalización”.

“Se impone al Partido Revolucionario Institucional una reducción del 25 por ciento de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 97 millones 916 mil 665 [pesos]”, dice el documento del INE.

De acuerdo con el proyecto que el Consejo General del INE discutirá este lunes, durante el 2015 la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Duarte, a través de la Dirección de Recursos Humanos, emitió 14 cheques por cantidades de entre cinco y siete millones de pesos, con los que los funcionarios crearon una red para que los recursos no fueran detectados.

“[Los recursos en efectivo] que eran entregados mensualmente en efectivo al tesorero, éste entregó de manera personal y en efectivo tres millones de pesos en cada uno de los meses correspondientes al ejercicio 2015, además de una entrega extraordinaria por un monto de tres millones 166 mil 666 pesos al C. Pedro Mauli Romero Chávez, en su calidad de representante de finanzas del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de ‘Apoyo extraordinario’ al instituto político mencionado”, señala el documento.

“Dado que los recursos que ingresaron ilícitamente al patrimonio del PRI consistían en dinero en efectivo, el cual por definición no deja rastro o huella de su destino y no permite determinar con precisión su aplicación, no pudo acreditarse que esos recursos hubieran sido empleados total o parcialmente en alguna campaña electoral federal”, aclaró el INE.

En la causa penal en contra de César Duarte —por la cual fue extraditado de Estados Unidos a México el pasado 2 de junio se le acusa de dos delitos: desvió de recursos por 96.6 millones 665 mil pesos del erario que fueron destinados a causas particulares, en complicidad con funcionarios de su Gobierno entre 2011 y 2014, y de asociación delictuosa, como se le conoce al delito de peculado.

El dinero supuestamente desviado por el exmandatario de Chihuahua fue destinado a negocios particulares, compra de bienes inmuebles, pago de servicios no prestados, entre otros, como la Unión Ganadera División del Norte o de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Financiera División del Norte, empresas fuertemente ligadas al exgobernador.

El 9 de junio pasado, el Juez Humberto Chávez Allende vinculó a proceso penal al exgobernador César Duarte Jáquez, luego de una audiencia de más de 12 horas, en la que se determinó la vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva, y dió un plazo de seis meses al Ministerio Público para concluir la investigación, la cual concluyó el 8 de diciembre.

“Sería un absurdo si la Fiscalía pide una prórroga hasta por seis meses, pero pues dicen que tienen toda la vida investigando y todavía necesitar más tiempo sería un absurdo. Al terminar el tiempo de investigación, se tienen hasta dos meses para celebrar la audiencia intermedia y luego se tendría un mes, aproximadamente, que se pudiera estar citando para la audiencia de debate de juicio oral”, dijo.

El abogado de Duarte reiteró que durante el juicio oral buscarán incorporar como pruebas la absolución de los procedimientos penales, con lo cual están muy esperanzados a que esto le dé la libertad, así como también la absolución.

“Por eso están tan temerosos y por eso están haciendo esas dilaciones de la justicia, porque con lo que nosotros demostramos en el procedimiento administrativamente no van a poder sancionar con la prisión”, abundó.

El pasado 3 de octubre se dió a conocer que un Juez federal rechazó otorgar dos amparos al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en el proceso penal que se le sigue por presuntos delitos de asociación delictuosa y peculado por 96 millones de pesos.

Uno de los amparos rechazados implicaba la anulación de la vinculación a proceso por los delitos anteriormente mencionados; mientras que otro buscaba evitar la prisión preventiva justificada como medida cautelar, aunque su defensa argumenta que dicha medida constituiría una pena anticipada.

El Juez argumentó que este último amparo denegado se justifica, ya que, como César Duarte cuenta con un trámite de residencia en Miami, Florida —lugar donde fue detenido— y además, cuenta con una licencia de conducir en Estados Unidos, implicarían razones para abandonar el país.

FUENTE: SIN EMBARGO MX