CDMX – Como Usted recordará en días pasados le informamos que el Ministro de la Suprema Corte de Justicia Javier Laynez Potisek, admitió una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra de la reforma conocida como “Plan B” en materia y la suspensión de su vigencia.
En ese sentido la Consejería Jurídica del gobierno federal, formalizó su recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la decisión del Ministro Laynez Potisek.
Su demanda central es la revocación de ambas determinaciones porque las considera improcedentes al apartarse -el Ministro- de las disposiciones constitucionales.
Advierte el documento de impugnación que “El Poder Judicial también tiene límites en su actuar, los cuales están enunciados expresamente en la Constitución y en las leyes que emite el Poder Legislativo.
Se espera que el máximo tribunal constitucional revoque, tanto la admisión, como la suspensión de las leyes electorales aprobadas por el Congreso de la Unión, y así preservar los equilibrios entre los Poderes de la Unión”, indica el documento de la Consejería Jurídica.
En su argumentación, pone énfasis que a lo largo de la historia del Poder Judicial nunca antes un solo juez constitucional había ordenado la suspensión de cuatro leyes y de forma unilateral, vinculado a esa resolución, había ordenado “revivir” disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión, “lo cual constituye una evidente violación al principio de división de poderes”.
Como lo hizo cuando anunció que impugnaría la decisión del ministro, el Poder Ejecutivo considera improcedentes las controversias constitucionales promovidas por el INE a modificaciones del marco legal electoral, según lo dispone el artículo 105 constitucional, fracción I.
Asimismo, esta instancia del Gobierno Federal desestimó que con el denominado Plan B de la reforma electoral se pusieran en riesgo los derechos político-electorales de la ciudadanía, como lo dispuso el ministro Javier Laynez.
Para conceder la suspensión del plan B se sostuvo que las leyes electorales cuestionadas “podrían” (acto futuro e incierto) causar afectaciones a los derechos humanos, sin explicar cómo la entrada en vigor de la reforma ocasionaría una alteración irreparable a los derechos político-electorales de la ciudadanía, puntualiza.
Pues vamos a esperar la respuesta de la Suprema Corte de Justicia en este asunto que deja claro el proceder impropio de un Ministro que actuó a todas luces apartado de la verdad.
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