Ciudad de México.– El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, hizo un gran negocio en el sexenio siguiente, con Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se convirtió en “empresario de seguridad” y le vendió no solamente equipo de espionaje a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sino que también con otra de sus compañías, incluidas en su red de corrupción, le brindaba mantenimiento, reveló este lunes el diario español El País.

Documentación obtenida por el El País que no se conocía hasta ahora revela que, durante la etapa de Jesús Murillo Karam en la PGR, ahora transformada en Fiscalía General de la República (FGR), se compró a una de las empresas ligadas a García Luna –declarado culpable a principios de año de nexos con el narcotráfico y de colaborar con el Cártel de Sinaloa– una “plataforma de intervención telefónica” y después, a otra compañía también vinculada con el otrora “súper policía” para que diera mantenimiento a otro tipo de equipos.

El contrato es revelado en el reportaje de Zedry Raziel y de Elías Camhaji, donde detallan que “el exfuncionario usó sus influencias para que la Procuraduría comprara primero el equipo de vigilancia telefónica NiceTrack a la compañía israelí NICE Systems Ltd., que pertenecía a sus testaferros de la familia Weinberg”, señalados por Hacienda en la trama de corrupción de García Luna posterior a su paso por el Gobierno de Felipe Calderón.

El contrato para el mantenimiento se realizó cuando la PGR era dirigida por Murillo Karam.

Luego, en noviembre de 2013, usó la misma táctica para “contratar a otra empresa de la que García Luna era beneficiario final, Nunvav Inc.”, que era la que supuestamente brindaba el mantenimiento para que la dependencia de Murillo Karam tuviera capacidad para “toda la carga de intervención de comunicaciones privadas de telefonía fija y móviles”, indica el diario español.

El primer contrato fue por 2.5 millones de pesos y se realizó sin licitaciones ni procesos de selección por “necesidades urgentes”, indica El País.

El documento fue reservado por motivos de seguridad nacional durante años.

El segundo contrato fue por 2.7 millones de pesos, para darle mantenimiento al servicio Sistema Laguna, de Spectra Group.

Murillo Karam, entonces la cabeza de la PGR, está hoy en día en prisión sujeto a proceso por el caso Ayotzinapa.

El diario cita una parte del contrato donde se obliga al proveedor “a mantener la más absoluta confidencialidad, y a no divulgar o revelar a persona física o moral de forma parcial o total, la información derivada del presente contrato”.

Nunvay, detalla, es una compañía creada en Panamá en octubre de 2005 y es la principal señalada en la red corrupta de García Luna. Su representante legal en México era Rosalba Tapia Alvarado, quien aparece en los documentos firmados ante la PGR. NICE Systems Ltd., por su parte, “era titular de la patente tecnológica del sistema NiceTrack Location Tracking BE Solution, nombre del equipo de espionaje”.

De acuerdo con El País, “NICE promocionaba NiceTrack como una herramienta que transforma datos de localización en inteligencia crítica para las misiones” de sus clientes”, de acuerdo con un folleto filtrado por WikiLeaks, y es un software “capaz de reunir volúmenes masivos de datos en tiempo real y cruzar la información de rastreo con otras fuentes de información, como compras con tarjeta de crédito y datos de geolocalización satelital (GPS)”, todo sin que se alerte al usuario espiado.

Además, el Sistema Laguna era “una herramienta para la intercepción de frecuencias de radio y señales de teléfono en tiempo real”, explica el diario español.

En su versión más actual, asegura tener el 99.9 por ciento de éxito.

“En noviembre de 2012, Nunvav vendió a la Secretaría de Seguridad un servicio de soporte y mantenimiento” de este sistema, es decir, cuando García Luna aún estaba en el gabinete de Calderón, un mes antes del fin de ese sexenio y el inicio del de Peña Nieto.

El 1 de marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda, detalló cómo Genaro García Luna, hallado culpable en Estados Unidos de aceptar sobornos de cárteles del narcotráfico, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.

A través de un comunicado difundido por la UIF, a cargo de Pablo Gómez, se destacó que bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.

Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.

“El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019”, indicó la UIF.

Luego de la denuncia ante la FGR, el Gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano.

En cuanto a México, la UIF informó que “los procesos penales siguen su curso y el Gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los seis años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”.

El pasado 9 de febrero, la UIF había detallado esta red de corrupción durante la conferencia matutina del Presidente López Obrador.

Pablo Gómez reveló en esa ocasión el nombre de las personas demandadas: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar no todos los contratos, puesto que son muy largos, pero vamos a poner de ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dió por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos, que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total 20 años como ya se señaló”, reiteró Gómez Álvarez. (FOTO MILENIO)

FUENTE: PAIS / SIN EMBARGO MX