Monterrey, N.L-Conscientes del reto que presenta Nuevo León y el país en la atención de salud mental, Waldo Fernández y Judith Díaz, candidatos al Senado por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Nuevo León”, expusieron que desde el Senado propondrán reforzar la Ley de Salud para que todos los pacientes con problemas de salud mental puedan ser atendidos de forma gratuita y oportuna en su entidad.
“El derecho a la salud está consagrado en la Constitución Federal y en la legislación secundaria. La Ley General de Salud, señala que se entiende por salud ‘un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’. Esto significa que la salud mental es igual de importante que cualquier enfermedad física” expuso Judith Díaz.
Agregó que “el país y, particularmente, Nuevo León enfrentan serios problemas de salud mental: el número de personas que sufren de depresión, ansiedad, estrés, entre otros, han crecido de manera preocupante los últimos años, no así la infraestructura pública para garantizar su atención gratuita y oportuna”.
Por ello, destacó que tanto Waldo Fernández como ella propondrán aumentar la cobertura clínica y hospitalaria para atender los problemas de la salud mental y así garantizar que todos y todas las personas puedan prevenir y tratar cualquier enfermedad de manera gratuita y oportuna.
“Propondremos que en todos los municipios que tengan más de 100 mil habitantes cuenten con clínicas de atención psicológica y psiquiátrica, para garantizar el acceso a los servicios de salud mental y que las personas no se tengan que desplazar grandes distancias para ser atendidos. Para ello la autoridad de salud deberá dotar de recursos para garantizar plenamente el acceso a los servicios de salud mental” enfatizó la candidata.
De acuerdo a la Secretaria de Salud Estatal y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 17.7% de las personas adultas en Nuevo León reportan sintomatología depresiva, apenas el 2.3% de las consultas son por Salud Mental y solo el 1.6% de la población ha recibido o accedido a servicios de atención o protección en materia de salud mental.