Gran oportunidad

Por: Ing. Jesús Herrera Rábago

La oficina de ética de la las Naciones Unidas indica que los funcionarios deben ser imparciales y objetivos en el desempeño de su empleo, no utilizando sus cargos o conocimientos para favorecer a familiares o amigos. Y puntualiza que no se debe obrar con especial cuidado en cualquier proceso de decisiones o adquisiciones en que participen amigos u otros con los que se tengan una relación estrecha que pueda afectar la decisión.

Hace unas semanas el Presidente López Obrador actuó de forma inmediata ante la duda de un posible favoritismo a su compadre Miguel Rincón, quien había ganado la licitación para que su empresa Bio-Pappel surtiera el papel de 70 millones de libros de texto gratuitos.

El mismo Presidente le pidió su comprensión y cancelar la licitación que legalmente había ganado, para favorecer la transparencia y acabar con el terrible mal del favoritismo que lleva implícita la corrupción. En seguida la empresa Bio-Pappel dejó el contrato de muchos millones argumentando que buscaban apoyar la transparencia impulsada por el Presidente y no exigió la indemnización que por ley le tocaba.

Esta semana la asociación Mexicanos contra la corrupción, anunció que empresas ligadas a Carlos Lomelí, quien es el “super” delegado en Jalisco, obtuvieron contratos por 164 millones de pesos para la venta de medicinas. Es obvio que él no las reconoce, pero en ellas, a decir de los denunciantes, han trabajado 11 familiares o colaboradores cercanos a Lomelí.

Este tema no es nuevo, desde hace varios años existen denuncias de que las empresas del exdiputado pudiera haber obtenido contratos por más de dos mil millones entre 2007 y 2017, inclusive se habla que hubo denuncias penales.

Antes esta situación, el Presidente Andrés Manuel tiene la gran oportunidad de dar un golpe de timón definitivo que respalde su discurso anticorrupción, si con su compadre, el cual legalmente ganó la licitación porque tiene una de las empresas más grandes de papel, fue tajante y reviró, lo menos que se puede esperar es que en este caso haga lo mismo.

De no hacerlo, correría la misma suerte que el Gobernador de Nuevo León, que por cubrir el “cobijagate” al inició de su administración, quedó manchado su sexenio, y por más que haga no ha podido quitarse ese estigma. Sería un golpe muy duro para el Presidente, pues su discurso perdería fuerza y credibilidad.

Hasta este momento el Presidente pidió a la Función Pública investigar el caso, y en caso de ser encontrado culpable aseguró no defenderlo: “Entonces cero corrupción, sea quien sea, mis hijos, mis hermanos, mi esposa, sólo me hago cargo de Jesús Ernesto porque es menor de edad. Yo no voy a proteger a nadie”.

Así las cosas, estoy seguro que a los mexicanos no les bastará saber que la Función Pública lo exonere, por lo cual Andrés Manuel está ante una prueba clave para su Gobierno, en el que parece no hay otro camino que echar reversa. Creo que la ganancia política es mucha como para dejar pasar esta oportunidad.

Esta es mi opinión, usted tiene La Última Palabra.