Guanajuato, Gto. Los centros de rehabilitación de adicciones operan en el estado al margen de la ley y con una deficiente supervisión gubernamental; los llamados anexos se convirtieron en los últimos años en escenario de matanzas, pues en ellos han sido asesinados al menos 60 internos y secuestrados unos 27; algunas de las estancias son utilizadas como casas de seguridad o refugio de criminales.

La Secretaría de Salud estatal informó que tiene un registro de 311 centros de rehabilitación en la entidad, de los cuales 290 cuentan con aviso de funcionamiento y de 21 no se tiene información de haber realizado el trámite.

El artículo 200 bis de la Ley General de Salud estipula que los establecimientos que no requieren de autorización sanitaria deben dar aviso de su operación a las autoridades de los estados en la materia.

La dependencia precisó que se suspendió temporalmente la actividad de 14 anexos en los municipios de Silao, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, León, Acámbaro, Cortazar, Tierra Blanca y San Felipe.

La regulación administrativa de los centros de rehabilitación recae en los 46 ayuntamientos del estado, que son la autoridad que debe emitir los permisos de uso de suelo para el funcionamiento de esos espacios.

Es importante que las autoridades administrativas regulen y supervisen las estancias de rehabilitación que operan al margen de la ley; incluso la fiscalía ha intervenido varios anexos donde se han cometido delitos, señaló el titular de la institución, Carlos Zamarripa Aguirre.

Algunos de estos espacios fueron usados como fachadas por grupos criminales, como es el caso del ubicado en Cuerámaro, donde había 36 personas secuestradas, reveló el funcionario. Recordó que en Irapuato aseguraron un anexo donde había droga.

Las instalaciones para la rehabilitación también han sido usadas para refugiar a integrantes de bandas delincuenciales, lo que derivaba en ataques y asesinatos, agregó Zamarripa Aguirre.

Luego del multihomicidio de 27 personas en un anexo de Irapuato se elaboró un censo de estos giros en el que participó la fiscalía, con la finalidad de detectar los que estaban legalmente constituidos y los que operaban irregularmente, recordó el funcionario.

“Después (de la masacre) de 2020 hay una reducción de cualquier eventualidad dentro de los anexos, pero también tenemos personas lesionadas que denunciaban otros ilícitos. ¿Sexuales? Por supuesto”, declaró.

Para prevenir crímenes, las estancias deben estar bien supervisadas porque este tipo de lugares son muy propensos a operar fuera de la ley. Hay de decirlo, puntualizó Carlos Zamarripa.

Reconoció la labor de aquellos espacios de este tipo que funcionan dentro del marco legal y de manera óptima para rehabilitar a personas con alguna adicción.

–¿El estado y los municipios deben tener el control de la operación los centros de rehabilitación? –se le preguntó.

–Las dos modalidades deben prevalecer; por un lado, la parte privada, regularizada, y por otra parte, las instituciones, si tenemos refugios para este efecto.

Para el fiscal guanajuatense, no es necesario hacer reformas legales, sólo se requiere la aplicación de las normas existentes porque si operan al margen de la ley son focos rojos.

Muchos delitos, como los homicidios, se perpetran bajo los influjos de narcóticos como la droga sintética cristal, afirmó reveló Zamarripa Aguirre.

“Una de las drogas más utilizadas por los jóvenes es el cristal y es sumamente adictiva; además de que daña la salud impresionantemente, es un gran, gran, gran foco rojo, que debe ser atendido de manera multifactorial”, resaltó.

–¿Qué tan fácil es que un adicto entre a grupos criminales?

–No tengo datos. Tratamos de ser muy objetivos con lo que acopiamos de información.

El fiscal de Guanajuato reconoció que son adictas al cristal un alto porcentaje de las personas que arrestan y que forman parte de grupos criminales. Es muy elevado, más de 90 por ciento, calculó.

FUENTE: LA JORNADA

Créditos foto: la jornada