Por la muerte de 18 reos y 93 heridos, en el motín de Cadereyta, Derechos Humanos emite recomendación al gobernador y al fiscal general.

CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formuló el documento 20/2018 al actual gobernador por el motín que manchó de sangre el Cereso de Cadereyta.
Los hechos ocurrieron en el 9 y 10 de octubre del 2017, cuando una riña dentro del penal tuvo un saldo de 19 presos muertos y casi una centena de personas resultaron lesionadas, la mayoría con armas de fuego.
“En la Recomendación M-01/2016 sobre los centros de reclusión que dependen del Gobierno del Estado de Nuevo León se puso de manifiesto que en los centros de reclusión de la entidad, entre éstos el CERESO de Cadereyta, continuaba la presencia de sobrepoblación y condiciones de hacinamiento que afectaba la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, condiciones que menoscaban el respeto a la dignidad humana y constituyen una forma de maltrato…”, reza la recomendación al gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
A través de un comunicado se informó que en los hechos registrados el 9 y 10 de octubre de 2017 se comprobó que la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria diligente para determinar la probable responsabilidad de quienes participaron en el motín, así como tampoco ha practicado dictámenes periciales para determinar las circunstancias en que 18 personas murieron –11 de ellas por disparos de arma de fuego— ni se han recabado los testimonios de quienes presenciaron los hechos, lo que en conjunto constituye una violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia.
Menciona el documento que en uno de sus puntos ya se había alertado de hacinamiento y se había recomendado se corrigiera, pero se ignoró la disposición que mantenía la ingobernabilidad dentro del centro penitenciario.
“En la Recomendación M-01/2016 se exhortó al Gobierno del Estado de Nuevo León se procurara una adecuada distribución para la clasificación y separación de los internos, lo que en el CERESO de Cadereyta no se realizó y se constató nuevamente en octubre de 2017, haciéndose evidente en el caso particular con la existencia de un grupo de internos con poder y mando dentro del establecimiento penitenciario que se contrapuso con internos de nuevo ingreso que pertenecían a diverso grupo delincuencial, y que ocasionó los hechos violentos que se tratan”.
Eso fue el meollo del asunto en la recomendación de 93 páginas y en la que se señala que el autogobierno y la omisión del estado, aunado a la sobrepoblación, detonó en la muerte masiva en ese centro penitenciario.