Nueva York.- Los fiscales federales en el caso de Genaro García Luna argumentaron que los cargos por actividades que facilitaron el narcotráfico comienzan en 2001 y terminan en 2020, aún después de que dejó sus puestos oficiales en 2012, e informó al juez encargado del proceso que cuentan hasta ahora con 15 testigos de seguridad pública y seis testigos “cooperantes”.

La acusación, precisa, es que entre enero de 2001 y julio de 2020, el acusado conspiró con miembros del cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, y que, en 2018, después de mudarse a Estados Unidos, mintió sobre su conducta en su intento por conseguir la ciudadanía estadunidense.

Los abogados de la defensa, encabezada por César de Castro, sostienen que se deben descartar cuatro de las acusaciones contra su cliente, alegando que éstas se formularon más de cinco años después de las supuestas actividades ilícitas que se alega cometió cuando ocupaba puestos oficiales y, por tanto, ya expiró el estatuto de limitaciones.

Sin embargo, en su respuesta registrada ante el tribunal, el fiscal federal Brean Peace y su equipo de cuatro fiscales asistentes aseguran que esas actividades continuaron hasta julio de 2020 (o sea, aún después de haber sido arrestado García Luna y encarcelado por las autoridades estadunidenses en 2019). Agregan que la defensa argumenta que cuando García Luna dejó el gobierno en 2012, ahí concluyó su participación en las actividades ilícitas.

La acusación incluye cinco cargos: participar en una iniciativa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y por hacer declaraciones falsas ante autoridades.

Se realizaron, según la acusación formal, entre 2001 y 2005, cuando García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación, y de 2006 a 2012, cuando fue secretario de Seguridad Pública.

El juicio de García Luna está programado para iniciar el 9 de enero, aunque no se descarta la posibilidad de que sea postergado para febrero.

FUENTE: LA JORNADA