Quito.- El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles la Asamblea Nacional y puso fin así al juicio político que estaba en marcha con la intención de destituirlo.

Con la disolución del Parlamento, Lasso podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.

En una cadena de radio y televisión Lasso aseguró que todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno.

Argumentó que esta es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.

Lasso deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas.

Los ganadores de estos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.

En una conferencia de prensa posterior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó su apoyo al orden constituido en una aparente aprobación a la decisión del mandatario.

A su vez, convocó a los ecuatorianos a mantener un clima de respeto a la ley y advirtió que no se permitirá la ruptura del orden constitucional a través de la violencia y que, en ese caso, las Fuerzas Armadas y la policía actuarán con firmeza para proteger la vida, los derechos y garantías.

La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por el partido Unión por la Esperanza (UNES) del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik llevaban adelante un juicio político a Lasso por supuesta malversación de fondos.

El presidente ha mantenido una mala relación con el Legislativo, a cuyos integrantes ha acusado de haberle pedido cargos estatales, el manejo de instituciones públicas como hospitales y hasta dinero en efectivo a cambio de votos.

La situación se mantiene en aparente calma en las calles y aún no se conoce ningún pronunciamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que en los últimos años ha realizado movilizaciones y protestas que virtualmente paralizaron al país.

Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días.

El analista jurídico Ramiro Aguilar indicó a Ap que “este es un mecanismo plenamente constitucional” y que la medida ayuda a destrabar la disputa entre el gobierno y la Asamblea.

Según establece la normativa, la Asamblea Nacional deberá cerrar físicamente sus instalaciones y únicamente su administrador general estará habilitado para mantener en operación al personal permanente mientras el resto de los contratos provisionales quedarán sin efecto.

El presidente podrá ordenar el uso de la fuerza pública para el resguardo del Palacio Legislativo.

Lasso, que tiene apenas 25 asambleístas de un total de 137, está en el poder desde mayo de 2021 y fue elegido para un período de cuatro años.

FUENTE: LA JORNADA