*El alcalde panista, Arnoldo Ledezma y su ex tesorero, con un pie en la cárcel.

JIMÉNEZ, N.L.-
Una declaración bastó para cambiar el rumbo de la carpeta de investigación que se le sigue al ex alcalde panista José Santiago Preciado Robles. Ya que de ejercicio indebido de funciones, pasó al delito de peculado, al declarar el ex dueño del terreno donde se asentará el campus de La UANL.
Como un balde de agua fría cayó el cambio de estatus a los tres implicados, ya que ignoraban que el propietario había declarado que el doctor Preciado y sus colaboradores buscaban una ganancia por la compra-venta y esta sería de un 25 por ciento.
“Ellos querían tener una ganancia de la venta”, dijo el propietario en una declaración asentada en la misma carpeta.
Según trascendió la delicada operación fue en la ciudad de Reynosa, en un restuarante, lejos de cualquier mirada indiscreta para pactar la compra del terreno de 15 hectáreas para la Universidad de 80 mil dólares por hectárea que pedía el dueño, a 100 mil dólares por hectárea y para regresar el excedente mediante un deposito a una cuenta de una empresa denominada con las siglas LC IN.
Trascendió que los involucrados si cobraron esos fondos y que el vendedor del terreno, solo lo que buscaba era asegurar la venta del lote.
El ex alcalde panista recibiría aparte de cárcel, inhabilitación de por vida para ejercer algún cargo público, reparación del daño, que sería de más de 300 mil dólares.
El ex secretario del Ayuntamiento, Arnoldo Ledezma y el ex tesorero, también de extracción panista, correrían con la misma suerte al estar involucrados los tres en dicho acto de corrupción.
El viernes los tres ex funcionarios de la gestión 2015-2018, acudieron a declarar por los hechos, sin embargo los abogados solicitaron diferir la audiencia para el 22 de enero, debido a que al anexar la declaración del dueño del terreno, y cambiar el estatus de la denuncia, alegaron desconocer la carpeta y ganar tiempo.
Al ser diferida la audiencia, y salir de las oficinas de la fiscalía, era notorio el adusto gesto que denotaba preocupación del alcalde al igual que la de sus abogados, debido a que la fiscalía tiene ya la declaración signada por el vendedor, que prácticamente hecha por tierra cualquier estrategia de la defensa.
La fiscalía anticorrupción ya tiene en su poder los cheques cobrados de la empresa LC IN, que sería un aporte sustancial para hundir aún más al ex alcalde jimenense.