*Aparte del sobreprecio del Campus-UANL, Preciado y ex tesorero desaparecieron 15 millones de pesos mediante una A.C.

Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-
A menos de 13 días de su cita a declarar por uno de los actos de corrupción más descarados y turbios sobre el precio inflado del terreno del campus para la UANL, el miércoles el ex alcalde José Santiago Preciado Robles, fue obligado a comparecer ante la fiscalía anticorrupción donde se le imputó el delito daño al patrimonio del estado y el municipio, al desaparecer 15 millones de pesos, mediante una “donación” a una asociación civil.
En esta nueva imputación también es señalado el tesorero Ariel Jesús Martínez Garza, quien junto con Preciado Robles estuvieron frente a un juez de control, para ser señalados por el desvío de las dos partidas que entregó el gobierno del estado para aguinaldos y destinarlas al extraño regalo a la asociación Civil “Intégrate”.
Fue en el mes de febrero de 2017, cuando se realizó el convenio con la asociación “Intégrate” A.C. con el DIF municipal y el ex alcalde panista.
“Agradezco infinitamente a las encargadas de esta asociación por traer este proyecto a nuestro municipio; un proyecto en el cual estaremos vigilando más de cerca las acciones de nuestros jóvenes, para así, poder brindarles un apoyo en caso de que presenten un caso de adicción..”, decía Preciado en ese evento.
Un mes después, la Asociación Civil abrió sus puertas en la calle Juárez 406 poniente, donde antes era el consultorio de pediatría de Preciado Robles, para enseguida desaparecer con los 15 millones de pesos entregados por el ex edil panista y su entonces tesorero.
La Fiscalía Anticorrupción en voz de Érika Irigoyen les leyó la imputación a ambos, quienes se encontraban junto con sus abogados, en la Quinta sala de Audiencias en el Palacio de Justicia.
En silencio, sin decir una sola palabra, el ex alcalde y su ex tesorero, ambos militantes panistas activos, escuchó la acusación donde se le imputa el delito por la desaparición de 15 millones de pesos, a una asociación, que un mes después de recibir el dinero, se hizo ojo de hormiga, abandonando oficinas y convenio con el DIF municipal.
Los abogados de los dos ex funcionarios de Cadereyta, pidieron tiempo para presentar pruebas al juez de control, Carlos Alberto Salas González, quien este lunes podría imputar a proceso a Santiago Preciado y a Ariel Martínez.