Monterrey, NL.- Luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no otorgara seguridad social a unos 100 trabajadores de la Clínica Hospital, de la Sección 50, ésta recibió la notificación de un embargo precautorio al edificio, para obligarla a cumplir con las prestaciones pendientes.

La notificación estuvo a cargo de autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, según declaró la maestra Lucila Pérez Salazar, representante de los jubilados de la Sección 50.

Indicó que el incumplimiento data de hace 30 años, y al no otorgar seguridad social a los trabajadores que brindaban el servicio médico a los agremiados, esto ha generado entorpecimiento con las jubilaciones de al menos 100 trabajadores, pues nunca cotizaron.

“Cuando se firmó el primer convenio de subrogación, fue en 1989, en ese momento se comprometió el SNTE a dar el servicio a cambio de las cuotas que se iban a entregar y resulta que en ese momento dieron de alta a los trabajadores más o menos unos 200 y ya no volvieron.

Pasaron 30 años , cuántos años han pasado hasta el 23, ya no volvieron a dar de alta a nadie y los trabajadores entraban y salían y sin seguridad social”, expuso la maestra Lucilda Pérez Salazar.

Son al menos 100 trabajadores afectados, mismos que decidieron reclamar su derecho a la jubilación por la vía jurídica, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“La demanda se presentó hace como dos años y la Junta de Conciliación y Arbitraje donde fue a dar la demanda, llamó a un periodo de conciliación, que duró como unos 6 meses.

Hace como dos o tres meses dieron el fallo y el fallo que se dió es a través de los trabajadores”, indicó la profesora.

El fallo obliga al Sindicato Nacional de Trabajadores a inscribir en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON) a los demandantes de manera retroactiva, es decir, considerando los 30 años de labor.

“Esos treinta años, que el ISSSTELEON haga la cuenta, es un dineral que nadie puede calcular”, dijo Lucilda Pérez.

Al no existir respuesta, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje advirtió del embargo, mediante un oficio.

“Les manda decir que los van a embargar, todavía no lo ejecutan, les dan un plazo para que cumplan y si no cumplen, entonces si se ejecuta el embargo, ahorita es precautorio”, subrayó.

Entre los afectados hay médicos, enfermeras, personal administrativo y de intendencia, que cuentan con treinta años de servicio o más y edades que oscilan entre los 60 y 70 años.

FUENTE: LA JORNADA