*Una nota de un medio impreso detonó la denuncia anónima que mantiene al ex alcalde prácticamente sitiado jurídicamente.

Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-
El ex alcalde panista, José Santiago Preciado Robles, se encuentra acorralado por la Fiscalía Anticorrupción, que lo investiga por la compra a sobre precio del terreno donado a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Las pruebas en su contra son muy fuertes y su futuro no se ve nada halagüeño en lo jurídico, ya que paradójicamente, mientras la UANL estrena un terreno rústico a precio de lujo, el ex alcalde emanado de Acción Nacional, estrena nuevas reformas jurídicas que lo dejan fuera de cualquier negociación como antaño se hacía entre las bancadas del Congreso.
En la nueva modalidad, ahora la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, no pone a disposición denuncias en las irregularidades detectadas que se prestaban a arreglos en beneficio político y jurídico de los partidos y sus alcaldes, sino que ahora cualquier denuncia ciudadana y anónima, en la Fiscalía Anticorrupción, desencadena una investigación
Cabe mencionar, que fue una nota periodística en un medio escrito y registrado ante el Padrón de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, quien publicó sobre la adquisición a sobre precio del terreno para el Campus, la que motivó a un particular anónimo a poner la denuncia en contra de la irregularidad.
La irregularidad de la compra de 100 mil dólares por hectárea que pagó pagar el Municipio, fue hecha al mismo dueño en los terrenos de la Universidad Tecnológica, cuyo precio fue de 50 mil dólares por hectárea, siendo ambos terrenos colindantes entre sí.
La negociación que no tendría sustento y se tiene la velada sospecha la huella de una mano negra en el hecho, ya que la diferencia de precios podría no ser para el vendedor.
Otra de las pruebas que pesan en contra de Preciado son las cotizaciones hechas a terrenos aledaños al de la UANL, con mucho menos de su valor, pero que el alcalde Preciado y su secretario del ayuntamiento, entre otros involucrados se opusieron, porque según ellos buscaban “un corredor de Universidades”.
Hoy, el ex edil y varios de sus ex colaboradores están en un torbellino jurídico, que cada vez se cierra más y se avizoran denuncias de tipo penal en contra de los involucrados.