Lima. La situación continúa descomponiéndose en Perú al confirmarse la muerte de al menos otras cinco personas durante la jornada de protestas de ayer, a la vez que se multiplicaban por doquier los bloqueos de carreteras, mientras el gobierno intentaba infructuosamente imponer autoridad y tomar el control, advirtiendo que será implacable en restablecer el orden público.
Para nada pareció surtir efecto en aplacar el descontento el anuncio hecho la madrugada del lunes por la presidenta Dina Boluarte de que promoverá un proyecto de ley para adelantar a abril de 2024 las elecciones generales, acortando en dos años el periodo de gobierno que pretendía terminar en julio de 2026.
Al contrario, actores y observadores políticos dijeron que era insuficiente y tardío el anuncio y que, dada la creciente y de momento imparable convulsión, lo que corresponde es su renuncia inmediata, lo que facilitaría un llamado a comicios generales tres meses después de ejecutada.
Los cadáveres de las víctimas, tres de ellas menores de edad, han tenido el efecto de multiplicar la indignación y la rabia transformadas en protesta y violencia callejera.
El Frente Agrario y Rural de Perú tiene previsto lanzar un “paro indefinido” para forzar la liberación de Pedro Castillo a partir de hoy, mientras la Federación de Estudiantes de Perú (FEP) estallará una huelga indefinida el jueves 15 en demanda de cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales y consulta para una nueva Constitución.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, afirmó que “está absolutamente descartado” que vaya a renunciar Boluarte, al tiempo que anunciaba que se impondrán estados de emergencia en todos aquellos lugares donde se considere necesario y que la fuerza pública, incluido el ejército, actuarán con firmeza para reabrir las carreteras, controlar las ciudades y restablecer el orden público.
La madrugada de ayer, en una caótica sesión, el Congreso quitó con 67 votos a favor y 45 en contra el fuero especial al ex presidente Castillo, allanando así el camino hacia un juicio por su intento de la pasada semana, cuando anunció la disolución del Parlamento y decretó un gobierno de excepción.
Pero las cosas están a tal punto revueltas que algunos congresistas –incluso adversarios de Castillo– denunciaron que el Parlamento y la Fiscalía actuaron de manera ilegal, porque antes de quitar la inmunidad al ex gobernante, correspondía que el Ministerio Público precisara los cargos; sucedió exactamente al revés: los parlamentarios le quitaron el fuero antes de que se señalaran los presuntos delitos cometidos.
En una carta que divulgó desde su cuenta de Twitter, Castillo aseguró que se encuentra “en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”, y acusó a Boluarte de ser una “usurpadora”.
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