Ciudad de México. Las pérdidas generadas por las interrupciones a obras como el Tren Maya representan un gran costo para el país, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Si hacemos un análisis de pérdidas, estaríamos hablando no de miles, de millones, sino de billones de pesos”, dijo ayer al preguntarle al respecto en la conferencia mañanera.

El mandatario sostuvo que “si se para el Tren Maya, son 100 mil empleos” que se afectan y esto también representa costos.

López Obrador negó que tengan sustento los señalamientos de que la obra esté causando daños ambientales. “Si se estuviera generando una destrucción como lo plantean, pues a lo mejor sí” se justificaría detener las obras.

Sostuvo que su gobierno ha tomado medidas para proteger el medio ambiente. “Nosotros no hemos otorgado una concesión minera desde que estamos, no se permite el fracking, el maíz transgénico; tenemos el programa de reforestación más importante del mundo, ningún país invierte mil 300 millones de dólares al año en reforestación”, dijo el titular del Ejecutivo.

Quienes intentan detener las obras prioritarias del gobierno federal, “lo hacen porque están enojados, porque era una casta divina, una mafia de poder económico y político que se alimentaba y nutría mutuamente, que tenía tomado al gobierno para saquear, para robar”.

Aseguró que había “toda una red, un andamiaje, en el que ni siquiera los más importantes eran los políticos, mandaban los oligarcas, un grupo compacto que financiaba a los partidos políticos, a los intelectuales orgánicos para que justificaran el saqueo” del erario.

A principios de mes, el juzgado primero de distrito en el estado de Yucatán concedió una nueva suspensión provisional a la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, con sede en Cancún, que paraliza temporalmente las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya, que recorrerá 49.8 kilómetros de Cancún a Playa del Carmen, dentro de un esquema de construcción que tiene contemplado un trazo de mil 500 kilómetros.

Es la segunda medida cautelar que otorga el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del juzgado primero de distrito en el estado de Yucatán.