México, CDMX.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de responsabilidad en el esquema de simulación financiera operado por Movimiento Ciudadano (MC) durante su campaña por la gubernatura de la entidad. Y si bien por ese hecho el partido fue multado anteriormente con 28 millones de pesos, la mayoría de los magistrados decidió que hubo una “indebida valoración” de pruebas por lo que revocó la multa que le había impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE) por 448 mil pesos.

Al fundar su voto en contra, la magistrada Janine Otálora, advirtió que el “esquema de simulación es un hecho firme que ya no es objeto de estudio” y sostuvo que el candidato tuvo conocimiento de esta triangulación de recursos por parte de empresas pero canalizados a las cuentas de MC a través de los propios familiares de García.

La magistrada recordó que si la finalidad de la anterior orden del Tribunal era que el INE determinara si con base en los hechos probados existía responsabilidad del candidato, el proyecto debió resolver el problema partiendo de los hechos acreditados: el reconocimiento de García respecto a la aportación de sus familiares para el financiamiento de la campaña; que los recursos transferidos no formaban parte del patrimonio de las personas aportantes; la existencia de un patrón de triangulación de recursos hacia el partido político por parte de personas morales, que no hay indicio de la actividad económica que justifique las transferencias entre los familiares y las empresas, así como la inexistencia de elementos que demuestren la capacidad económica de los aportantes.

El INE, subrayó Otálora, demostró que una porción de las aportaciones depositadas en la cuenta del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano fueron transferidas a la campaña del entonces candidato.

Por ello, comentó que la circunstancia que el dinero ingresara a la cuenta del partido “no desvirtúa la responsabilidad” de García, “y es un esquema de triangulación ya acreditado y es propia de los esquemas de evasión diseñados para obstaculizar o dificultar el rastreo del recurso y burlar las prohibiciones previstas en la ley”.