Salario digno

Por: Ing. Jesús Herrera Rábago

Siempre hemos sabido que en México los vacíos o lagunas legales son comunes, así como también las contradicciones entre artículos, leyes y reglamentos. Cuando esto llega a suceder, y existe la duda razonable se recurre a la suprema Corte de Justicia a través de alguna controversia constitucional o similar, para que como autoridad aclare y defina lo que se debe hacer.
En los últimos días hemos sido testigos de una situación inédita entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el Presidente con su plan de austeridad republicana ha decidido bajarse el sueldo, lo cual implica que automáticamente se baja los ingresos de todos los demás funcionarios, pues el artículo 127 indica claramente que, bajo ninguna circunstancia, los funcionarios podrán ganar más que el presidente.
Obvio que todos los miembros del gabinete del nuevo Gobierno estaban advertidos, en el poder legislativo, al ser mayoría Morena han logrado imponer la medida, sin embargo, donde se han rebelado es en el poder judicial, pues los 108 mil pesos que ganará AMLO dista mucho de los sueldos mensuales de ministros y jueces que llegan a pasar del medio millón de pesos.
La argucia legal para contrarrestar y anular esta medida es que el artículo 94 constitucional, a la letra dice: “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
El tema legal es complejo y da para fácilmente inclinar la balanza para uno u otro lado, o incluso a convertir un litigio de muchos años. Y si bien es cierto que por técnica jurídica o de procedimiento es factible que pierda López Obrador, lo cierto es que políticamente les está ganando.
La lógica es simple, el hartazgo de la gente incluye los abusos de poder y sobre todo los beneficios y prebendas que alcanzan los servidores públicos con respecto al resto de la población. En un país de más de 50 millones de pobres es un insulto que las percepciones de los funcionarios públicos represente el más del doble del promedio de los países de la OCDE, sin contar bonos, sobresueldos, seguros privados, etc.
Es evidente que el tema no puede tratarse solo desde la perspectiva legal, sino en el plano de la justicia y la ética, pues por ningún lado resultan justos esos sueldos exorbitantes de los magistrados y jueces del poder judicial. Sólo falta que aleguen el derecho al “salario digno”, donde millones de mexicanos con el salario mínimo no alcanzan ni siquiera a cubrir la canasta básica.
Qué resolverá la corte ahora que, como decimos, se van a convertir en juez y parte al mismo tiempo. Se verían muy mal al fallar en su propio favor. Por eso el Presidente ha jugado con su mejor defensa, que no es la legal, sino el juicio de la ciudadanía al denunciar que sólo Donald Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Así las cosas, esperemos que no por ley, sino por pura vergüenza y dignidad, los ministros y demás funcionarios del poder judicial, se amarren el cinturón y se bajen el sueldo, y sientan un poco lo que millones de mexicanos han tenido que sufrir por años.
Esta es mi opinión, usted tiene La Última Palabra.