PER\u00da.- Amnist\u00eda Internacional levant\u00f3 una fuerte condena contra el gobierno de Per\u00fa por el uso de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad\u201d que llev\u00f3 a la muerte de 49 personas durante las protestas que se llevaron a cabo de diciembre a febrero.<\/p>\n
En su informe titulado \u201cRacismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ileg\u00edtimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Per\u00fa\u201d, y dado a conocer este jueves, AI analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca.<\/p>\n
\u201cEstos casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales. En esos 20 casos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon munici\u00f3n real contra zonas sumamente vulnerables del cuerpo (la cabeza, el cuello, el t\u00f3rax y el abdomen), y hay indicios adicionales, como videos, im\u00e1genes, expedientes penales y declaraciones de testigos, que se\u00f1alan un uso injustificado de la fuerza\u201d.<\/p>\n
Agn\u00e8s Callamard, secretaria general de AI, expuso que el uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transe\u00fantes. Casi todas ellas pertenec\u00edan a entornos pobres, ind\u00edgenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioecon\u00f3mico en el uso de fuerza letal.<\/p>\n
AI record\u00f3 que las protestas que se desataron en gran parte de Per\u00fa en medio de una crisis pol\u00edtica el pasado diciembre incluyeron cortes de carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras.<\/p>\n
Las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del pa\u00eds indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos.<\/p>\n
Armados con rifles de asalto, (las fuerzas de seguridad) dispararon munici\u00f3n real indiscriminadamente contra civiles, y causaron una importante p\u00e9rdida de vidas, asever\u00f3 y pidi\u00f3 a la mandataria Dina Boluarte que condene y ponga fin al uso, por parte de las fuerzas de seguridad, de fuerza letal y de munici\u00f3n prohibida, como por ejemplo perdigones, en la respuesta a las protestas.<\/p>\n
Putualiz\u00f3 en que en la represi\u00f3n a una movilizaci\u00f3n contra Boluarte en demanda de la disoluci\u00f3n del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadas, en Juliaca el 11 de enero, en la que fueron abatidas a tiros 15 personas y decenas m\u00e1s resultaron heridas de bala, s\u00f3lo dos agentes de la Direcci\u00f3n de Operaciones Especiales informaron de que hab\u00edan disparado cuatro municiones de calibre 7.62 con sus rifles AKM.<\/p>\n
La madre de Christopher Michael Ramos Aime, de 15 a\u00f1os muerto a manos del ej\u00e9rcito en Ayacucho cuando cruzaba la calle desarmado, dijo que si no fueran pobres, Christopher no habr\u00eda muerto. Porque no habr\u00eda tenido que estar trabajando ese d\u00eda, indic\u00f3 AI.<\/p>\n
FUENTE: LA JORNADA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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