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Por: David L\u00f3pez\nLa Reforma Constitucional promulgada el 24 de febrero de 2017 mediante el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los art\u00edculos 107 y 123 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, responde a la necesidad de modernizaci\u00f3n del sistema de justicia laboral hasta ahora vigente. Esta reforma fue m\u00e1s all\u00e1 de ese prop\u00f3sito, en tanto sent\u00f3 las bases de una verdadera transformaci\u00f3n del r\u00e9gimen sindical y de la negociaci\u00f3n colectiva al introducir los principios de representatividad, transparencia y democracia en la vida de las organizaciones sindicales. Junto con la reforma del sistema de justicia laboral, la implementaci\u00f3n de estos principios llevar\u00e1 a la instauraci\u00f3n de un nuevo modelo laboral, en el que se limitar\u00e1 la discrecionalidad estatal, se fortalecer\u00e1 el Estado de Derecho y se devolver\u00e1n los derechos colectivos a los trabajadores, los que podr\u00e1n ejercerlos libremente despu\u00e9s de un siglo de haberse incluido en la Constituci\u00f3n y de d\u00e9cadas de haberles sido negados por sus dirigencias sindicales. El pa\u00eds requiere que la justicia sea impartida por los \u00f3rganos del Poder Judicial, otorgando mayor certeza al trabajador en su empleo y salario y evitando los abusos en el supuesto ejercicio de los derechos, como las demandas fraudulentas, que destruyen la peque\u00f1a y mediana empresa, o que desalientan la creaci\u00f3n de m\u00e1s y mejores empleos. La reforma del art\u00edculo 123 constitucional estuvo precedida de importantes antecedentes. En noviembre de 2015, se llev\u00f3 a cabo un foro de consulta en la Ciudad de M\u00e9xico, en cuyas mesas de trabajo se analiz\u00f3 el sistema de justicia mexicano en sus diversas materias, cuyas conclusiones servir\u00edan para elaborar propuestas y recomendaciones a fin de mejorar el acceso a la justicia, al que se denomin\u00f3 Di\u00e1logos por la Justicia Cotidiana. En este foro participaron el Centro de Investigaci\u00f3n y Docencia Econ\u00f3micas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jur\u00eddicas de la UNAM junto a representantes de la sociedad civil, de la academia, de los \u00f3rganos ejecutivo, legislativo y judicial, as\u00ed como de organismos aut\u00f3nomos y abogados litigantes.
\nPosterior a la reforma del art\u00edculo 123 constitucional, el 20 de septiembre de 2018 el Senado de la Rep\u00fablica (LXV Legislatura) ratific\u00f3 el Convenio 98 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicaci\u00f3n y negociaci\u00f3n colectiva, aprobado en 1949. Cabe se\u00f1alar que las reglas de este Convenio y el compromiso que asume el pa\u00eds al ratificarlo en el orden interno e internacional, son afines a los nuevos principios constitucionales. Dicho instrumento tiene como finalidad que los pa\u00edses firmantes sienten las bases para lograr la plena libertad de negociaci\u00f3n colectiva y la eliminaci\u00f3n de cualquier sanci\u00f3n a los trabajadores por el hecho de pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato. Correlativamente, esa convenci\u00f3n establece la obligaci\u00f3n del Estado de garantizar la independencia de las asociaciones sindicales y que est\u00e9n libres de injerencias. La simulaci\u00f3n a que dio lugar en los \u00faltimos a\u00f1os el gobierno tienen larga data en el pa\u00eds, al tratarse de un rasgo caracter\u00edstico del modelo laboral instaurado en la Constituci\u00f3n de 1917, el que con el tiempo pas\u00f3 del \u00e1mbito de las Juntas de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje a otros de la administraci\u00f3n p\u00fablica tan diversos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisi\u00f3n Nacional de Salarios M\u00ednimos o el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, entre muchos otros. La simulaci\u00f3n no se debi\u00f3 al modo de integraci\u00f3n de esas instancias, sino principalmente a la falta de representatividad de las organizaciones sindicales y liderazgos ah\u00ed presentes, as\u00ed como a la ausencia de democracia y transparencia en el ejercicio de los derechos colectivos. En esta tesitura, al privilegiarse la inhibici\u00f3n o represi\u00f3n de estos conflictos a trav\u00e9s del control de los sindicatos, terminaron imponi\u00e9ndose en lo general soluciones unilaterales con graves costos sociales. Sin embargo, estamos hoy ante la puerta de una real transformaci\u00f3n en el mundo del trabajo, junto con la que deber\u00e1 experimentar el r\u00e9gimen pol\u00edtico y el modelo econ\u00f3mico. Acorde con los tres marcos normativos; la reforma constitucional de febrero de 2017, el Convenio 98 de la OIT y el Anexo 23 del USMCA- as\u00ed como de otros instrumentos normativos como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica, la iniciativa, orienta la reglamentaci\u00f3n de los principios constitucionales en la Ley Federal del Trabajo a garantizar el acceso a una justicia independiente e imparcial, as\u00ed como al libre y pleno ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores. Un pa\u00eds de m\u00e1s de 120 millones de habitantes no puede dejar fuera del consumo en el sector formal de la econom\u00eda a la gran mayor\u00eda de su poblaci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de seguir compitiendo en base al mantenimiento de bajos salarios. El viejo arreglo socio-laboral, que gener\u00f3 la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de los trabajadores gracias a la complicidad de la mayor\u00eda de sus l\u00edderes sindicales, aunado a las restrictivas pol\u00edticas gubernamentales y empresariales. Hay que transitar hacia un nuevo acuerdo, con la convicci\u00f3n de que no hay marcha atr\u00e1s ni margen para el retroceso, es un imperativo que debe asumirse por el bien de todos. (HASTA LA PR\u00d3XIMA SDQ)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"